viernes 16/07/2010 La jueza de distrito de Phoenix Susan Bolton no tomó ayer ninguna decisión respecto de la solicitud de suspender la ley migratoria de Arizona y se limitó a escuchar los argumentos de la primera de la más de media docena de demandas presentadas en su tribunal contra la controvertida normativa SB170.
Sin embargo, uno de los abogados del demandante, el policía de Phoenix David Salgado, no descartó que la magistrada pueda ordenar la detención temporal de la polémica ley antes de su entrada en vigor, el próximo 29 de julio.
"Anticipamos una decisión (de la jueza) tras escuchar el caso del gobierno el próximo jueves", dijo a la agencia dpa el abogado Stephen Montoya con respecto a la principal demanda presentada contra la polémica normativa, la del Departamento de Justicia en nombre del gobierno de Barack Obama.
"Sospecho que tomará una decisión en la semana del 26 de julio", agregó. Con su demanda, presentada el mismo día, el 29 de abril, en que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sancionó con su firma la ley que ha provocado protestas nacionales e internacionales por su potencial "discriminatorio", Salgado, un policía de origen latino, busca que la justicia suspenda la ley SB1070 mientras estudia su legalidad.
Según el diario "Arizona Daily Star", la argumentación de Salgado es que sus derechos son violados por la provisión que incluye la ley según la cual los agentes deben comprobar el estatus migratorio de cualquier ciudadano, haya cometido un delito o no, si consideran que hay una "sospecha razonable" de que se encuentran en el país de forma irregular.
Pero, si no lo hace, agrega el agente, él mismo podría ser demandado por incumplimiento de su deber.
La normativa "no es una herramienta para nosotros, es un desastre", aseguró Salgado en entrevista con la cadena CNN.
Esa es la opinión también de numerosos agentes policiales que en las pasadas semanas han alertado de que la ley podría incluso provocar un incremento de la criminalidad puesto que muchas comunidades inmigrantes dejarán de colaborar con ellos por miedo a ser deportados.
Mas los abogados defensores de la ley migratoria estatal argumentaron hoy que esta acusación es "especulativa" puesto que aún no ha entrado en vigor la normativa.
Se prevé que frente a las otras demandas presentadas, como la del gobierno que acusa a la SB1070 de violar el "derecho preeminente" de las leyes federales frente a estatales, los abogados defiendan que la normativa no incumple esta disposición constitucional.
La primera audiencia sobre las hasta siete demandas presentadas contra la controvertida ley tuvo lugar entre fuertes medidas de seguridad y convocó a numerosos manifestantes a favor y en contra de la propuesta, destacaron medios locales.
Las principales audiencias, sobre todo la de la demanda federal, tendrán lugar la semana próxima. A ellas se han ido uniendo, acogiéndose a la figura de "amicus curiae", varios países de América Latina que desde la promulgación de la ley la han denunciado con contundencia por su carácter, afirman, "discriminatorio".
El primer país en dar ese paso fue México y esta misma semana lo siguieron Argentina y Ecuador, confirmaron fuentes diplomáticas a la agencia dpa.
El embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos, explicó hoy a dpa la decisión afirmando que una ley así resulta una "inaceptable" violación de los derechos humanos de las comunidades hispanas.
"Lo que es inaceptable es que se estereotipe o discrimine" a los latinos, "es una violación de los derechos humanos" de unos migrantes en muchos casos de "muchas generaciones" que ante todo "son gente digna de respeto", sostuvo Gallegos.
"Nos preocupa mucho que este tipo de ley incentive a otros tipos de leyes similares que son netamente discriminatorias y que incluso pueden inducir a ciertos actos de violencia", agregó el embajador.
De hecho, varios estados están evaluando aprobar leyes similares a la de Arizona, que pese al rechazo internacional cuenta con un fuerte apoyo entre los ciudadanos estadounidenses, si bien grupos civiles alegan que éste se debe a la "frustración" por la falta de una acción a nivel federal acerca del "quebrado" sistema migratorio.
El fiscal general de Michigan, Mike Cox, emitió la víspera una carta junto a colegas de otros ocho estados y un territorio en apoyo a la ley de Arizona frente a la demanda federal.
"Arizona, Michigan y cualquier otro estado tienen la autoridad de aplicar leyes migratorias y es terrible ver al presidente Obama usar dinero de los contribuyentes para detener los esfuerzos de un estado para proteger sus propias fronteras", sostuvo Cox en su misiva, que cuenta con el apoyo de sus pares de Florida, Alabama, Nebraska, Pennsylvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia y las Northern Mariana Islands.
