Arizona sigue siendo el "epicentro" de la inmigración ilegal, donde se reportan continuamente violaciones a los derechos civiles de indocumentados, aseguró a Efe Raquel Goldsmith, investigadora del Centro Binacional de Inmigración de la Universidad de Arizona.
"Arizona es el centro del debate de la inmigración ilegal, donde se han dado algunas de las leyes estatales más severas a nivel nacional que buscan penalizar y criminalizar a todos aquellos que han cruzado la frontera de manera ilegal", dijo Goldsmith.
Indicó que después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el debate migratorio se ha dividido entre aquellos que buscan incrementar la seguridad fronteriza con más agentes y mayor tecnología y quienes ven el tema como un asunto económico que sirve para mantener una mano de obra barata.
"Aquellos que nos preocupamos y defendemos los derechos humanos hemos quedado prácticamente marginados de la discusión", dijo Goldsmith, quien por años trabajó con la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.
Sostuvo que gran parte del endurecimiento de las leyes migratorias que han resultado en redadas en centros de trabajo y en los propios hogares de los inmigrantes se debe a las reformas de 1996 a las leyes de inmigración aprobadas bajo la administración del entonces presidente Bill Clinton.
En su opinión, Arizona experimenta actualmente el mismo fenómeno que ocurrió en California en la década de los 90, cuando los votantes aprobaron en 1994 la medida 187 que negaba a los indocumentados servicios como salud y educación en ese estado.
"Ante el cierre de la frontera en ciudades urbanas en California y Texas, el flujo migratorio cambió hacia Arizona, hacia las zonas más apartadas del desierto lo que resultó en un incremento en las muertes de inmigrantes", explicó la investigadora.
Añadió que la idea de querer "cerrar" la frontera a cualquier precio, le ha dado presupuestos de miles de millones de dólares a agencias federales como la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
"Lo peligroso es cuando se cruza esa línea de querer criminalizar a una persona cuyo único error fue cruzar la frontera sin documentos. Para muchas personas la palabra 'ilegal' se ha convertido en un sinónimo de 'criminal'", dijo Goldsmith, quien también es profesora del Departamento de Estudios México-Americanos de UA.
También destacó que muy pocas veces se discute el efecto que el sentimiento anti-inmigrante está teniendo en los derechos humanos y elementales de las personas.
Puso como ejemplo los reportes de inmigrantes bajo custodia que no reciben ni un vaso de agua hasta 48 horas después de haber sido arrestados por la Patrulla Fronteriza.
"Y si reciben algún tipo de comida sólo son unas cuantas galletas y un poco de agua. Se imaginan lo que es esto para hombres y mujeres que han pasado días caminando por el desierto", cuestionó.
Agregó que los inmigrantes constantemente se quejan de que sus pertenencias, tales como abrigos y documentos de identidad, no les son devueltas una vez que son deportados a la frontera con México.
"En verano no hay mucho problema, pero ahora que estamos en invierno, las temperaturas pueden ser muy bajas, inclusive durante el día", señaló.
Dijo que las quejas no solo provienen de indocumentados que son arrestados, sino también de aquellos inmigrantes que se sienten blanco continuo de detenciones por parte de agencias del orden a nivel local.
"Tenemos reportes de familias que han sido deportadas después que ICE llegó a su casa a las 3 de la mañana preguntando por una persona que ya ni siquiera vivía hay, pero de todas maneras arrestaron y deportaron a todas las personas que encontraron sin 'papeles'
